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Nos acercamos al final del año y nuevas medidas y tasas salen del cajón con la voluntad de aplicarse en los 365 días próximos. Dejamos atrás antiguas normativas o formas de vivir para enfrentarnos a nuevos escenarios y hábitos. Un ejemplo es la restricción de coches contaminantes en la ciudad a partir del 1 de enero, la aparición de las llamadas Zonas de Bajas Emisiones o la construcción de supermanzanas. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona, pondrá la mano en el reciclaje de la ciudad implantando un impuesto dedicado a la gestión de residuos a partir del 1 de enero.
Premiarán a quien más recicla
Diferentes países de Europa ya hace años que han consolidado una normativa que permite compensar con menos impuestos aquellos vecinos que más reciclan. Esto requiere de una tecnología compleja y concienciación ciudadana pero, con esta nueva tasa, el ayuntamiento da un primer paso hacia este modelo. En la práctica notaremos un incremento de entre 27 y 51 euros al año (2,25 y 4,35 euros al mes) por domicilio que irá incluido dentro del recibo del agua y su precio de salida se marcará en función del consumo de agua de cada casa a partir del mes de mayo. "Es el primer paso para una tarificación justa para conseguir pagar por lo que se recicla", dijo en la rueda de prensa el consejero de Emergencia Climática, Eloi Badia.
Objetivo 2025
De momento la tasa se aplicará de forma igualitaria pero el despliegue total llegará cuando la tecnología de contenedores inteligentes y el puerta a puerta sea una realidad en toda Barcelona. De entrada, aunque parece una medida puramente recaudatoria (se prevé un ingreso de 20,50 millones de euros en 2020), lo que pretende es reducir el coste del reciclaje por parte del ayuntamiento y conseguir una factura individualizada para cada domicilio el año 2025. "A pesar de que ahora será un aumento de los impuestos, a la larga supondrá abaratar los costes globales de gestión", afirmaba Bahía.
Este objetivo ambicioso es una decisión municipal pero pretende cumplir la obligación impuesta por la Directiva Europea que pide llegar en 10 años al 60% de la recogida selectiva.