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No es muy sabido, pero Cataluña es uno de los territorios europeos pioneros en lo que se refiere a la aparición de las legislaciones específicas documentadas contra los crímenes y los procesos de brujería. No por nada, a principios de julio se celebró en la ciudad el congreso internacional 'Los orígenes de la cacería de brujas en Europa', donde expertos en la temática de distintos países discutieron los inicios y la difusión de la brujería desde perspectivas históricas, sociológicas y culturales.
Paralelamente a este evento, recientemente también se celebró con exposiciones, conferencias, visitas guiadas y recreaciones históricas el 600 aniversario del primer instrumento jurídico en Europa que reguló minuciosamente la brujería: 'Ordenaciones del Vall d'Àneu'. Este texto, fecha de 1424, y no fue hasta dos siglos más tarde, en los alrededores del año 1620, que se produjo un debate entre partidarios y detractores de las acusaciones en torno a los supuestos crímenes de brujería, provocando "el inicio del final" de la cacería de brujas en Cataluña.
Así lo ha podido demostrar el profesor agregado Serra Húnter de Historia del Derecho de la UPF y miembro del Grupo de Investigación en Historia del Derecho Catalán de la Universidad, Josep Capdeferro, en el marco de su investigación. Mientras analizaba el Archivo y Biblioteca Episcopal de Vic (una colección sin catalogar con más de 180 volúmenes de impresos jurídicos entre los siglos XVI y XIX) se topó con el documento 'Iuris responsum pro Catherina Frexer et de Prat, plazo Artes, parochiae Sanctae Mariae de Horta, dioecesis Vicensis, uxore Iacobi Frexe' y, por sorpresa, trataba de brujería.
El texto, firmado por catorce de los juristas más prestigiosos de la Cataluña Moderna, es un escrito de alegación en defensa de Caterina Freixa, que había sido acusada de brujería (inicialmente por una vecina). El documento encaja y da sentido a otro documento que ya se había encontrado, pero que nadie había analizado hasta ahora: la réplica a la alegación, hecha por Felip Vinyes, abogado y fiscal acusador de Freixa, centrada en el testigo de catorce mujeres, presuntamente brujas confesas. Todas ellas habían atestiguado e inculpado a la acusada con el objetivo de que el proceso contra ella se completara y condujera a una condena de muerte.
Caterina Freixa era una joven de clase acomodada que vivía en la parroquia de Santa María de Horta, en el término de Artés, el actual municipio de Avinyó en Bages. Apenas se había casado con un pequeño propietario rural cuando fue acusada por brujería; concretamente, por "haber extirpado parte del hígado de un niño mediante artes diabólicas, sin dejar cicatriz".
Al ser inculpada, catorce juristas (vinculados a la Generalitat) defendieron a la mujer. En la época era recurrente que en grandes debates jurídicos o políticos, el abogado que llevaba un caso buscara apoyos de compañeros para presionar al juez o la opinión pública.
Este conflicto marcó el precedente del fin de la casería de brujas y es que, el 10 de enero de 1619, el jesuita Pere Gil había entregado un documento al virrey duque de Alburquerque en contra de esta práctica. La detención de Caterina Freixa fue meses después, el 8 de noviembre; el riesgo que fuera condenada hizo que el abogado Jofreu (el principal sobre el caso) y compañía se alzaran y dijeran: "¡Basta! Debemos contribuir a detener esta barbarie que desde hace demasiado tiempo está fundamentando gente supersticiosa y se ejecuta en tribunales menores, ¡sin garantías judiciales!", tal y como explica el profesor Josep Capdeferro.
Un año más tarde, en 1620, en Cataluña hubo cuatro obispos declaradamente contrarios a las persecuciones de brujas y dos manifiestamente a favor, entre ellos los de Vic, dentro de la diócesis en la que estaba arrestada Caterina Freixa. Capdeferro, de momento, no ha podido encontrar ninguna información de cómo terminó el caso (solo se sabe que en 1622 fue trasladada a Barcelona), pero continúa su búsqueda.