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Estas son las piscinas de Barcelona que podrán abrir este verano en estado de emergencia por sequía

Las instalaciones acuáticas que funcionarán como refugios climáticos podrán abrir al público

Enora Le Roux
Escrito por
Enora Le Roux
Redactora de notícies
Piscinas Bernat Picornell
Ajuntament de BarcelonaPiscinas Bernat Picornell
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A pesar de las lluvias que tuvimos en marzo, Barcelona continúa en estado de emergencia por sequía y, por tanto, mantiene las severas restricciones en cuanto al uso del agua. Sin embargo, el Govern ha aprobado un Decreto ley especial de sequía que modifica algunas de las limitaciones hasta ahora establecidas. En concreto, la nueva ordenanza incorpora tres concreciones en el Plan especial de sequía (PES), la herramienta de planificación hidrológica en situaciones de sequía y que establece diferentes medidas para cada escenario y situación.

Refugios climáticos

La primera de las incorporaciones hace referencia al concepto de los refugios climáticos –que se entiende como aquellos espacios accesibles que durante los meses de altas temperaturas proporcionan a la población confort térmico, descanso y seguridad– y la necesidad de establecer un listado para paliar las oleadas de calor, cada vez más recurrentes. En este sentido, el ejecutivo catalán ha declarado que las piscinas que se declaren como refugios climáticos podrán abrir este verano. Serán los ayuntamientos locales los encargados de establecer un censo de refugios climáticos, en el que podrán incorporar piscinas públicas, y también privadas, siempre que tengan un acuerdo con la Administración local para ser de uso público abierto a la ciudadanía. Las instalaciones acuáticas elegidas tendrán que rellenarse en las cantidades indispensables para garantizar la calidad sanitaria del agua a condición de que se apliquen medidas de ahorro adicionales que compensen el agua que se utilice.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha decretado que todas las piscinas públicas de la ciudad podrán abrir este verano, puesto que todas serán consideradas refugios climáticos. Serán de acceso universal, es decir, estarán sujetas a un precio público y se desarrollarán las ayudas correspondientes para personas en situación de vulnerabilidad. En total, la ciudad tiene una cincuentena de piscinas públicas, contando las municipales interiores y las exteriores, así como las de los centros deportivos municipales.

En cuanto a los equipamientos acuáticos de titularidad privada, el Ayuntamiento sigue evaluando su situación.

Piscina
Ajuntament de Barcelona

Desalinizadoras privadas sin limitaciones

Otra de las concreciones añadidas al PES trata sobre las desalinizadoras móviles privadas. El Govern ha establecido que en caso de obtener agua a través de estas instalaciones, no habrá limitaciones de consumo siempre que sean íntegramente financiadas por fondos privados. Aparte, también tendrán que cumplir una serie de requisitos, como presentar un plan de ahorro de consumo de agua respecto al consumo en situación de normalidad o que la llegada del agua al punto de utilización se haga con un almacenamiento periódico de mínimo siete días, entre otros.

Umbral de consumo para los turistas

Por último, también se ha fijado un umbral de consumo para los establecimientos de alojamiento turístico equivalentes al consumo doméstico de agua de los ciudadanos de Cataluña, que ahora se sitúa en los 100 litros por persona debido a la situación de emergencia I. El Govern ha explicado que esta medida se adopta porque casi todas las viviendas turísticas están conectadas a las redes de distribución en las mismas condiciones de suministro que los domicilios.

Novedades en el régimen sancionador


El nuevo Decreto ley también ha modificado el régimen sancionador que se aplicaba hasta ahora: el sistema pasa a penalizar el exceso de consumo por períodos trimestrales, y no mensuales, como hasta ese momento. Esto permite tener en cuenta la tendencia evolutiva del consumo en un período más amplio para poder modular la sanción. La multa leve será de hasta 10.000 euros; la grave, de entre 10.000,01 y 50.000 euros; y la muy grave, de 50.000,01 a 150.000 euros.

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