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La lucha por la vivienda digna y la regulación de los pisos turísticos y temporales es constante. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Barcelona anunció un plan radical para combatir la problemática que consistía en extinguir los pisos turísticos de la ciudad en los próximos cinco años. El plan de actuación planteado consistirá en no ceder nuevas licencias ni renovar las vigentes; a finales de 2023 la Generalidad aprobó un decreto ley que por primera vez permitía a los ayuntamientos tomar esta decisión.
En línea con estas medidas para abordar la creciente crisis de vivienda y la priorización del uso residencial sobre el turístico, el gobierno español también ha aportado su granito de arena: pondrá en marcha cambios legislativos de manera que la limitación de los alquileres temporales y los pisos turísticos sea más efectiva.
En cuanto a la voluntad de aligerar la crisis de los pisos turísticos, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que se quiere modificar la ley de propiedad horizontal para "empoderar a los vecinos" y hacer que las opiniones de las comunidades sean vinculantes a la hora de autorizar o no cualquier actividad económica en las fincas. Es decir, los vecinos podrían vetar los pisos turísticos de los blogs donde viven.
De hecho, la ley de vivienda de 2023 ya incorporaba la promesa de trabajar por la regulación a través de un grupo de trabajo (que incluye sindicatos, patronales, inmobiliarias, agentes de la propiedad urbana y varios ministerios), que es el que ha preparado estas nuevas propuestas. Pero ahora se quiere dar voz a la comunidad.
Por lo que a los alquileres temporales respecta, Rodríguez ha indicado que deben circunscribirse a situaciones específicas, es decir, es necesario acreditar la necesidad de esta modalidad con documentos que lo demuestren de la misma manera que los alquileres tradicionales requieren contratos de trabajo y nóminas salariales.