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Barcelona está repleta de vestigios históricos. Hay visibles, como los restos de una antigua fábrica textil que emergió de entre las obras del Mercat de l'Abaceria hace cerca de un mes, pero también hay de tenebrosos, como la historia de torturas de la comisaría de la Vía Laietana en época franquista. Ahora, sin embargo, el edificio ubicado en el número 43 de esta calle, será declarado como 'espacio de memoria' en un intento de dejar de ser un recordatorio del horror que vivieron algunas personas en sus paredes.
La actuación se enmarca dentro de la Ley estatal de Memoria Democrática, que se aprobó a finales de 2022 con el objetivo de fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista a través de diversas iniciativas. Así pues, y de acuerdo con la Ley, este patrimonio memorial, representativo de la lucha y los conflictos para conseguir los derechos y libertades democráticas, pasará a formar parte de la Red de Espacios de Memoria Democrática de Cataluña de modo que la Administración deberá garantizar su conservación, así como la identificación y señalización adecuada. Además, será necesario que explique y difunda los hechos históricos que ocurrieron allí.
Sin embargo, la declaración como 'espacio de memoria' no comportará un cambio de uso del edificio, tal y como exigían las demandas de diversas entidades sociales y de víctimas de la dictadura, como Memoria Popular o Asociació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, entre otras. La comisaría seguirá funcionando como Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
Por otra parte, y también en línea con la Memoria Democrática y las demandas de las diferentes asociaciones, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se anulen los consejos de guerra contra figuras republicanas y activistas antifranquistas que todavía siguen vigentes. Por ejemplo, todavía está en vigor el proceso judicial de la dictadura contra el presidente Lluís Companys, y también contra el activista anarquista Salvador Puig Antich, de quien, de hecho, este año se conmemoran los 50 años de su ejecución en prisión de La Model.