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Pese a que España ha registrado las cifras de paro más bajas desde 2008, gran parte de la población no tiene garantizado el acceso a la vivienda. El alquiler en Barcelona ha alcanzado una cifra récord en estos últimos días, 1.193 euros mensuales de media, una cifra que pone en peligro al derecho a la vivienda digna. En medio de esta alarmante situación, cada vez hay más gente que solicita poder acceder a un piso de alquiler social público, un tipo de vivienda destinada a familias y personas en situación de vulnerabilidad. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que comprará un edificio del Raval y destinará ocho de los nueve pisos a familias a la espera de un alquiler social público.
El consistorio ha aprobado ejercer el derecho de tanteo y retracto en la compraventa de un edificio de viviendas en la calle Santcliment, con una superficie construida de 832 metros cuadrados: 624 destinados a vivienda y espacios comunes y 196 a locales. El Ayuntamiento invertirá 2.460.600 euros en la operación, que se enmarca en la estrategia de ampliar el parque público de vivienda para ganar viviendas en zonas donde es difícil construir otras nuevas. Del total del presupuesto, 800.000 euros se destinarán a la compraventa y 1,6 millones se destinarán a los trabajos de rehabilitación, que se prevé que sea integral y que incluya un cambio de distribución de las viviendas.
Según el Ayuntamiento, si compra el edificio por el precio que se ha marcado, significa que el metro cuadrado sale a 3.232,73 euros, una cifra de casi el 5% por debajo de la media del barrio del Raval, ubicada en los 3.402,17 euros/m², y un 23,68% menos de la media del distrito de Ciutat Vella, que es de 4.236,17 euros/m². Sin embargo, esta no es la primera vez que el consistorio realiza una operación de este tipo desde que se declaró Barcelona como zona de tanteo y retracto en el año 2018. A pesar de que la ley, este tipo de compra solo se puede llevar a cabo cuando existe una vulnerabilidad económica y social o si los pisos están en una zona con procesos de gentrificación o de sustitución de vecinos.
Otros futuros pisos de alquiler social público
El pasado mes de abril se inició el derribo del gimnasio social Sant Pau, en el Raval, para construir un nuevo edificio que, además de acoger el nuevo equipamiento deportivo, tendrá también 36 viviendas de alquiler social público. El objetivo principal tanto de los pisos como del nuevo gimnasio es que todo el mundo pueda disfrutar del deporte y acceder a la vivienda en condiciones de igualdad. Todos los pisos tendrán una o dos habitaciones y estarán dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad y solicitantes de vivienda de protección social, quienes pagarán un alquiler ajustado a sus ingresos y que nunca será superior a los 400 euros.
Unos meses antes, en febrero, la Generalitat anunció la compra de una promoción de 192 viviendas de alquiler asequible en el barrio de la Marina del Port Vermell. Según el gobierno, se prevé que los pisos puedan empezar a dar la bienvenida a sus nuevos inquilinos a finales de 2025.