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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló el pasado lunes la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona por la “falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y excesiva restricción del tipo de vehículos afectados” entre otros motivos.
Según el TSJC, las etiquetas medioambientales favorecen las desigualdades económicas entre ciudadanos, los datos de contaminación que justifican la ZBE están desactualizados y esta se excede en el ámbito geográfico. Así pues, la justicia tuvo en cuenta los seis recursos interpuestos por 10 colectivos como la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña o la Federación Empresarial Catalana de Autotransport.
Ahora bien, la sentencia todavía no es definitiva, puesto que el Ayuntamiento puede recurrir la decisión judicial a instancias superiores. De hecho, el consistorio tiene 30 días para recurrir la sentencia y presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo y mientras, la ZBE de Barcelona funciona con normalidad.
Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona, el AMB y la Generalitat de Catalunya han decidido juntar fuerzas para intentar mantener la ZBE en la ciudad y presentar una cadena de recursos contra la decisión del tribunal del TSJC. En cualquier caso, y hasta que no haya una sentencia firme, la ZBE en Barcelona sigue vigente.