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El fenómeno de las cocinas fantasma era, hasta el inicio de la pandemia, un negocio minoritario, casi invisible, en la ciudad. La llegada de la crisis, que ha puesto en la cuerda floja el sector de la restauración, ha obligado a reformular con muy poco tiempo el servicio, pasando de los locales a las casas. El llamado 'delivery', con sus luces y sus sombras, vive una época dorada mientras la restauración hace equilibrios con unos aforamientos y horarios de apertura limitados desde hace meses. Es en este contexto que la opción de macrococinas fantasma, en bajos y naves de la ciudad, se ha extendido muy rápidamente provocando situaciones de negocios opacos, falta de regulación y polémicas vecinales por los ruidos y malos olores.
Hasta día de hoy el Ayuntamiento ha concedido licencias de actividad para este tipo de negocio dedicado a los comida para llevar, parece que el consistorio prefiere ponerle freno para "estudiar una regulación específica", tal como ha dicho el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni. El gobierno municipal, por lo tanto, suspende durante año la concesión de nuevas licencias de obradores y cocinas fantasmas para "poner orden y valorar si se clasifica como uso comercial o industrial y, en función de ello, determinar sus ubicaciones", acotaba la segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz, quien ya advirtió hace unos días que había que dar "una respuesta con contundencia y rapidez". Collboni ha defendido que se hace en este momento, no solo porque la situación pide calma y orden, sino que seguir con la proliferación de estos negocios podría ser "la estocada final para muchos bares y restaurantes que ven las cocinas fantasma como una amenaza para el sector".
De esta suspensión quedan excluidas aquellas cocinas o caterings destinados a servicios esenciales como hospitales, escuelas o clínicas y que se lleven a cabo en espacios que no estén necesariamente situados junto a edificios. El ámbito de suspensión afecta a todas aquellas futuras cocinas que se encuentren dentro de los límites municipales, excepto los parques de Collserola y Montjuïc, las zonas industriales de la Verneda y la Zona Franca y los entornos donde ya existe una regulación específica para estas actividades.